La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina según el informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) presentado hoy en su sede en Nueva York. Pero no basta sólo con medidas de control del delito; para una reducción duradera de la in seguridad en la región, el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 recomienda políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.
El IDH “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” revela una paradoja: en la última década la región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también la delictiva. Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010.
Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, nivel considerado epidémico. En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos.
“La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a tomadores de decisión y repercute al calor de las campañas electorales,” dijo la directora global del PNUD, Helen Clark. “Es un tema crucial para varias regiones, incluso América Latina y el Caribe, porque sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera”.
“No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero este grave problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política de largo plazo” dijo el Subsecretario General de la ONU y director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. “Se requiere, en cada país, un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado”.
El estudio se concentra en seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero; la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.
“Si bien algunas amenazas—como la delincuencia organizada, y especialmente el narcotráfico— suelen ser utilizadas para explicar la inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más diversas”, explica el principal autor del IDH, Rafael Fernandez de Castro. “Incluso, muchas se originan y se manifiestan en el ámbito local”.
Una de las principales lecciones aprendidas en la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad, dice el informe. Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado, resalta el IDH.
MAPA DE LA INSEGURIDAD
Mientras que en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio aumentó, incluso en aquellos países con menores niveles de pobreza. Además, uno de cada tres latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito con violencia en el año 2012, revela el informe del PNUD.
El aumento de las expectativas de consumo y la relativa falta de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito aspiracional”, dice el IDH. Además, las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad
El porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, también impulsan el delito según el estudio, que señala que “las capacidades de los Estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad”.
La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15 años (en Chile, uno de cada dos), y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria.
En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.
Según el estudio del PNUD el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región, con distintas intensidades. Algunos factores como las deficiencias institucionales de las policías y los tribunales, la sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido priorizada, según el informe, “las cárceles se han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva”. Asimismo, la percepción de los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha limitado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social, destaca el IDH.
MÁS ALLA DEL ESTADO
El informe resalta la importancia de la respuesta de “actores no estatales”, incluso de los movimientos sociales, y de la cooperación internacional, a nivel regional y con organismos internacionales. Sin embargo, enfatiza que debido a la creciente percepción de inseguridad, a la expansión de las clases medias y al adelgazamiento” del Estado, la contratación de vigilantes privados ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces mayor que la de Europa occidental. Este fenómeno aumenta la desigualdad de la población en términos de capacidad de lidiar con el delito, dice el IDH.
RECOMENDACIONES
– El IDH regional subraya que los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana deben de tener en cuenta las necesidades y demandas específicas de los jóvenes y las mujeres. El estudio ofrece 10 recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas de la región:
1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado;
2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito;
3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad;
4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos;
5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana;
6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes;
7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público;
8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas;
9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y
de salud pública
y 10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.
El IDH regional concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Sobre el IDH Regional:
Este segundo Informe de Desarrollo Humano para América Latina es una publicación con independencia editorial del PNUD. Este informe fue elaborado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Participaron del Consejo Asesor del informe más de 20 autoridades entre ex presidentes, ministros, senadores, y los actuales líderes de las principales organizaciones multilaterales de la región. Para descargar el informe y para más información en inglés y castellano:
latinamerica.undp.org
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Para más información:
En Nueva York:
Carolina Azevedo,
En Panamá: Pablo Basz,
Para acceder a imágenes en alta calidad:
Boaz Paldi,
